28 de octubre de 2021

Impulsan una causa tras el hallazgo del centro clandestino de la calle Bacacay

Familiares de ciudadanos uruguayos asesinados y desaparecidos en Argentina durante el Plan Cóndor de represión de las dictaduras regionales

Familiares de ciudadanos uruguayos asesinados y desaparecidos en Argentina durante el Plan Cóndor de represión de las dictaduras regionales

Familiares de ciudadanos uruguayos asesinados y desaparecidos en Argentina durante el Plan Cóndor de represión de las dictaduras regionales impulsan una querella en el país vecino para dar con los autores materiales de esos crímenes, que pudieron estar relacionados con un centro clandestino de detención del barrio porteño de Floresta.

Esa prisión ilegal funcionó en Bacacay 3570 de la ciudad de Buenos Aires, cerca del emblemático centro de detención Automotores Orletti, y fue descubierto el año pasado.

Las víctimas son los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y el matrimonio de militantes políticos que formaban William Whitelaw y Rosario Barredo, todos ellos uruguayos refugiados en Argentina que el 20 de mayo de 1976 aparecieron muertos en un auto en el bajo Flores, atados y con varios balazos en sus cuerpos.

A estos asesinatos se suma la desaparición del médico uruguayo Manuel Liberoff, quienes al igual que sus cuatro compatriotas pudieron haber pasado por el centro de Bacacay, conocido como «La Cueva» o «el Jardín», según una línea de investigación que se sigue en el Juzgado Federal 3 a cargo de Daniel Rafecas.

De esta causa también formarían parte los secuestros e intentos de apropiación que sufrieron hijos de Whitelaw, María Victoria, que al momento de los hechos tenía un año y medio, y Máximo, de dos meses-.

Además, el caso de Gabriela Schroeder, hija de la pareja que Barredo había formado anteriormente con Gabriel Schroeder, militante de la organización Tupamaros asesinado el 14 de abril de 1972.

Whitelaw y Barredo fueron secuestrados juntos con sus hijos el 13 de mayo de 1976, en el domicilio que habitaban en la calle Matorras 310.

El secuestro y la investigación

Michelini y Rodríguez Ruiz fueron capturados el 18 de mayo y Liberoff entre la noche del 19 y el 20, y todos esos delitos fueron ejecutados por agentes del Servicio de Información y Defensa (SID), de Uruguay, en coordinación con agentes de la exSIDE y el Ejército Argentino que operaban en Automotores Orletti, lugar que estaba bajo órdenes del general Otto Paladino y capitaneado por agente parapolicial Aníbal Gordon.

Orletti funcionó entre mayo y noviembre de 1976, y fue el destino final de muchos ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras militares del Cono Sur de los años ’70.

En julio del año pasado, a partir de documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos, se pudo dar con la ubicación del centro de Bacacay 3570, que habría funcionado con anterioridad y en paralelo a Orletti.

A partir de este hallazgo, Rafecas, a cargo de la instrucción por los delitos que se cometieron en el primer cuerpo de Ejército, llamó a declarar a Gabriela Schroeder, quien desde Uruguay, y a través de medios electrónicos rememoró las alternativas del secuestro de su familia, que vivenció cuando tenía cuatro años.

Gabriela y sus hermanos estuvieron secuestrados entre el 13 y el 29 de mayo, fueron llevados a un lugar, donde ella recuerda que estuvo con Willy (su padre de crianza), su madre Rosario y sus hermanos.

En ese lugar, se despidió de sus padres y luego fue llevada a un departamento y una casa, donde había cosas que estaban en la vivienda donde vivía y pudo reencontrarse con sus hermanitos.

«Creo que intentaron apropiarse de mí, y de mis hermanos, pero la actitud que tuve frente a mis captores en esos días permitieron que volviera con mi familia a Uruguay»

«Creo que intentaron apropiarse de mí, y de mis hermanos, pero la actitud que tuve frente a mis captores en esos días, en los que preguntaba por mis padres y mis hermanos, y el accionar de mi abuelo, Juan Pablo Schroeder y mi tío Gustavo, permitieron que volviera con mi familia a Uruguay», señaló Gabriela a Télam.

Gabriela recuerda que junto con sus hermanos fue dejada en un hospital y luego en una comisaría, donde su abuelo y su tío pudieron recuperar a los tres chicos.

En su declaración dio detalles sobre el primer lugar donde estuvo, y afirmó haber escuchado un tren, un dato que da indicios sobre su cautiverio en Bacacay 3570, muy cercano a las vías del ferrocarril Sarmiento.

«Declaré primero en el juicio de la causa (Jorge) Olivera Róvere (por los delitos cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército), conté las alternativas del secuestro de mis padres y hermanos, pero mis recuerdos no coinciden con los planos que me mostraron de Orletti», afirmó.

La prisión ilegal funcionó en Bacacay 3570 de la ciudad de Buenos Aires, cerca del emblemático centro de detención Automotores Orletti, y fue descubierto el año pasado.

La prisión ilegal funcionó en Bacacay 3570 de la ciudad de Buenos Aires, cerca del emblemático centro de detención Automotores Orletti, y fue descubierto el año pasado.

En octubre pasado, Gabriela presentó una denuncia ante la Fiscalía de Lesa Humanidad de Uruguay, a cargo de Ricardo Perciballe, para que se investigue la autoría material del secuestro de sus padres.

Este año se sumaron a la querella la familia Liberoff, cuyos integrantes declararon en el juzgado de Rafecas tras el hallazgo de Bacacay 3570, y también de Michelini y Gutiérrez Ruiz.

Las tres denuncias se unificaron en una sola causa que es patrocinada por el abogado Pablo Chargoñia, quien trabaja con una línea de investigación que apunta a José Nino Gavazzo, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Avelino Ramas Pereira, Ricardo José Medina Blanco, José Ricardo Arab Fernández y Gilberto Vázquez Bisio, represores uruguayos del SID que actuaron en Argentina en la órbita de Orletti.

«Consideramos que la línea de investigación debería apuntar a los agentes del SID. Se trata de delitos cometidos en Argentina por agentes estatales de Uruguay», remarcó el letrado a Télam.

Por estos hechos fueron condenados como autores intelectuales el dictador Juan María Bordaberry y su canciller, Juan Carlos Blanco, y tras el hallazgo de Bacacay 3570 se presenta la oportunidad de avanzar sobre los represores del SID uruguayo.

«La investigación está avanzada y además de los secuestros investigamos móviles económicos, como apropiación de fondos de organizaciones políticas y sustracción de bienes personales de las personas que fueron secuestradas», afirmó a esta agencia el fiscal Perciballe.

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