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Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos negó la petición del Gobierno de Joe Biden de mantener en vigor la norma que permite liberar de manera rápida a los migrantes que son arrestados por cruzar irregularmente la frontera sur, y que había sido derogada por un juez de Florida.
Mediante una orden judicial presentada este lunes, la corte de apelaciones del distrito 11, que atiende a Florida, Georgia y Alabama, falló en contra de la demanda presentada por la Casa Blanca, pidiendo anular la decisión de la citada corte de menor instancia.
Tras el fin del Título 42, restricción que permitía las devoluciones en caliente en la frontera, el gobierno de Joe Biden emitió un memorándum que le ordena a las autoridades migratorias permitir la liberación rápida de algunos migrantes en el país. Desde los altos mandos de Estados Unidos justificaron esta medida alegando que es necesaria para evitar el «hacinamiento» en las instalaciones para migrantes.
Igualmente, según señaló la corte de apelaciones, el número de arrestos de migrantes en la frontera sur no aumentó desde que se levantó el Título 42, en contraste con las «predicciones catastróficas» del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).
El estado de Florida, que presentó la demanda inicial en contra de la medida para liberar migrantes, acusó a Biden de usar como excusa la falta de recursos y de capacidad en los centros de detención para «ignorar las peticiones del Congreso», de que se mantengan a las personas en detención hasta que se resuelvan sus casos. A su vez, desde el «Estado del Sol» aseguraron que las políticas migratorias del mandatario «animan» a los migrantes a emprender «el peligroso viaje hacia el país» y que muchas de las personas que se presentan en la frontera con México son «pandilleros y traficantes de droga».
De acuerdo al DHS, en la segunda semana después del fin del Título 42, Estados Unidos presentó un promedio diario de 3.100 arrestos de personas que habían cruzado la frontera de manera irregular, cifras que demuestran una reducción en contrapartida de los 4.579 arrestos diarios presentados en abril, cuando todavía regía la medida.
